Un permiso de salida vivo y transfigurado (spagnolo)

Ernesto Gutiérrez Tamargo da 

Un examen de las recientes modificaciones de la Ley Migratoria a cargo de un especialista, Doctor en Derecho.

La ilusión de libertad y las esperanzas resultan difusas cuando no pueden anclarse en una verdad desmostrable. Y esa verdad no se ha plasmado en la tan anhelada “Reforma Migratoria”, materializada en el Decreto-Ley No. 302/2012 de 16 de Octubre, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración de 20 de Septiembre de 1976, a entrar en vigor en enero del año próximo.

Tal Decreto-Ley no alcanza ni llega a cubrir las expectativas reales de conseguir la ansiada libertad de viajar, el derecho a entrar y permanecer libremente en Cuba a los cubanos, y la consiguiente supresión del antiquísimo “permiso de salida”. Más bien todo lo contrario, la tan manida “tarjeta blanca” o permiso de salida se sustituye de facto y por imperativo legal, por nuevas limitantes para conseguir un pasaporte —cualificado como “corriente”, pero con graduación expresa para su obtención (art. 9.1)—, y, con mayor limitación, por las restricciones impuestas por el artículo 25 de dicha norma recién aprobada.

En otras palabras, la presunta derogación del “permiso de salida” lejos de desaparecer, persiste como un estigma camuflado en el hecho de acceder a un pasaporte (que será a partir de ahora una misión casi imposible en muchos casos), y a conseguir una autorización cuando se es persona cualificada o sujeta a otras restricciones de índole indefinida, por arbitrio de la Administración. Por lo que el permiso de salida sigue vigente a todos los efectos legales quedando, por tanto, sujeto a la misma arbitrariedad y discrecionalidad que ha tenido siempre, si bien en lo adelante se sujeta a unos criterios nuevos, posiblemente más amplios y de menos capacidad fiscalizadora para impugnarlos por parte de los afectados, alegando la Administración que ha de obtenerse autorización previa para salir del país con el fin de preservar la fuerza de trabajo calificada, la seguridad y hasta la información.

Aparecen todavía otras limitantes de imprecisa o nula posibilidad de control: la Defensa y Seguridad nacionales, y las obligaciones con el Estado o responsabilidad civil (obviamente no definidas por este Decreto-Ley). Y algo nunca visto en ningún cuerpo legal: no hay forma de impugnar o atacar en vía judicial, ni siquiera administrativa, una decisión de la Administración que invalide las decisiones estimadas como injustas por los administrados o ciudadanos.

Ya en el segundo “Por Cuanto” del Decreto-Ley 302/2012 se vuelve a lo de siempre: el régimen cubano no puede hacer nada sin condicionar su actuar legal al de EE UU. Resulta asombroso cómo cualquier decisión legislativa del régimen actual tiene que ir “atemperada” a la política exterior de otro país. Si en algo puede definirse la cesión de soberanía de uno de los poderes del Estado (el legislativo) es precisamente en esto. No es comprensible la defensa a ultranza de algo que tanto se invoca, la soberanía, cuando luego, en la letra impresa, se cede o condiciona.

Otro elemento que resulta, cuando menos, risible a estas alturas es el hecho o medida de “gracia” concedida en el tercer “Por Cuanto” mediante el cual se deroga la confiscación (ni siquiera habla ese Decreto-Ley del respeto al principio de expropiación que marcaba la Constitución de 1940 y la Ley Fundamental de 1/59 de la Revolución) que se propugnaba en la Ley 989/1961 de los bienes y acciones de quien abandonaba definitivamente el país.

¿Qué bienes quedan para confiscar y qué acciones pueden ser tomadas en nacionalización forzosa cuando la masa de riqueza del país ha desaparecido en manos del propio Gobierno? Más aun cuando la suspicacia y ardides de los que se marchan del país ya habrían previsto la “guarda y custodia” de los bienes en manos de familiares y amigos para que no quedasen como “cosa de nadie” o res nulis susceptibles de ser confiscadas por el Estado. Otra letra muerta de ese Decreto-Ley.

De igual modo, es también oportuno aclarar una aberración legal que resulta por su reiteración más que abusiva: en ningún país se requiere que un ciudadano del mismo precise un pasaporte para entrar (¿necesita usted el permiso de alguien para entrar en su casa teniendo la llave?) tal y como requiere el Art. 1 de dicho Decreto-Ley, siendo, de igual despropósito, pero en sentido inverso, permitirle a extranjeros sin ciudadanía entrar a Cuba sin pasaportes. Esto es, nada para los ciudadanos, pero todo para los foráneos (Art. 2).

Otro inconsecuente jurídico es el artículo 9.1, párrafo primero, que desvirtúa esencialmente la razón de ser de un pasaporte. El pasaporte es un documento que en Derecho Internacional funge como un medio acreditativo e identificador de la nacionalidad del viajero o titular del mismo cuando sale de su país de origen, precisando, únicamente, respecto de terceros, la protección de los Estados donde estuviese en tránsito o estancia dicha persona, o para el justificar el estatuto de su permanencia en un tercer país distinto del suyo. Sobre ese documento se plasman los permisos y/o acreditación de entrada y salida en las aduanas, los visados (caso de precisarlos) y el tipo de estancia y su duración en el país de acogida (visa de estudios, visa de trabajo). Sin embargo, la ley cubana supercualifica el estatus de su adquisición, cuando en puridad legal tener un pasaporte es un derecho pleno del cual no puede ser privado ningún ciudadano.

En esencia, el derecho a poseer un pasaporte es tan básico y elemental como el hecho de ostentar un carné o licencia de conducir, un número de la Seguridad Social o un documento nacional de identidad. Los pasaportes, cuya derecho a ostentarlos se presupone innegable como derecho en sí mismo, solo pueden ser retirados o intervenidos de hecho por una autoridad judicial competente, y siempre que exista un procedimiento judicial en curso en el que, ante una causa o razón justificada de peso, se presuma fundadamente que el poseedor de tal documento lo pueda utilizar para fugarse del país y evadir así la acción de la justicia. Cualquier otra limitante, como preconiza el referido Decreto-Ley, es un abuso de Derecho.

En resumen, la ley cubana otorga al titular de un pasaporte la condición de Carta de Naturaleza como si con su posesión fuera una persona realmente “libre” para disponer sobre el destino de su espacio físico.

Sigue su injusto legal el artículo 9.2 al dejar que sea la Administración la que interprete, por encima de la voluntad de las personas, cuándo un cubano es o no “emigrante”, pudiendo la Ley por sí misma cambiar o modificar esta presunción a su libre criterio. Por tanto, hacer distinción de personas a priori no es precisamente el principio básico de justicia reglada que debe observar toda norma legislativa.

Siguiendo con el artículo 23, además de los incisos a), b) y c) que podrían entenderse como lógicos: a) “Estar sujeto a proceso penal…”; b) “Tener pendiente cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad…”; c) “…prestación del Servicio Militar…”; se añaden otros 5 incisos más para cribar o decantar precisamente a los candidatos “indeseables”. Esto es: d) “Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional…”; e) “Tener obligaciones con el Estado cubano o responsabilidad civil…”; f) ” Carecer de la autorización establecida…”; g) “Los menores de edad…” (Es lógico, no admite polémica); h) “Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”.

Hagamos una pausa en este último inciso. Este inciso es una absoluta arbitrariedad, lo que implica de hecho y de derecho que la “tarjeta blanca” o “permiso de salida” sigue vigente y se camufla o transmuta en el otorgamiento del pasaporte. Lo cual, es un perfecto cajón de sastre para encuadrar en él a todo aquél indeseable, no aplicable o no conveniente, siendo esto de una discrecionalidad limitativa amplísima.

No siendo suficiente valladar legal, el inciso siguiente lo remata al decir que: i) “Incumpla los requisitos exigidos en la Ley de Migración, su Reglamento y en las disposiciones complementarias relacionadas con la solicitud, emisión y otorgamiento de pasaportes”.

Así las cosas, cualquier disposición administrativa de rango inferior, meramente ministerial o institucional, serían suficientes para invalidar el otorgamiento de un pasaporte a una persona.

Pero es más, no siendo suficiente limitar los requisitos para obtener un pasaporte (art. 23) y los postulados que han de cumplirse para salir del país (art. 25), no menos restrictivos son los derechos de los cubanos emigrados o exiliados para retornar a su país: derecho consustancial a cualquier nacional de un Estado. Para esto tendremos que esperar a otro tipo de legisladores.

Este Decreto-Ley no ampara el viejo anhelo del retorno a la patria común. Veamos que a ese tenor el artículo 24.1 que dice que “A los efectos de la entrada al territorio nacional, resulta inadmisible toda persona que se encuentre comprendida en alguno de los supuestos siguientes: (…) c) Organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano”. Este inciso, por tanto, cierra toda opción a los opositores al régimen castrista a poder entrar a su propio país, por motivos político-ideológicos contrarios al sistema o régimen político imperante en Cuba. Y lo que es peor, deja a un ente abstracto, sin definir, la declaración unilateral de “indeseable” (artículo 24.1e), por lo que basta con el “sambenito” anterior para que la entrada al país quede de plano abortada.

Finalmente, se ha dicho que esta Ley es un Mariel encubierto. Pero no es estrictamente cierto, al menos no lo creo así, ni tiene un efecto llamada para que la emigración o exilio retorne; a este supuesto, incluso, se le ponen más trabas todavía. Desde un punto de vista reduccionista, no pretende que haya una salida masiva de cubanos “sin control” (huelga decir que uno de los derechos humanos fundamentales de la ONU, Artículo 13, que este Decreto-Ley vulnera de modo palmario, es la libre entrada y salida del país de origen, sin ningún tipo de limitante, por parte de sus ciudadanos), sino más bien uno de salida tutelada para que se “queden los que tienen algo para aportar”, a los que expresamente tipifica como fuerza de trabajo calificada; es decir, “cubanos de primera” o “cubanos que no merecen el derecho a salir libremente del país´”, y, por el contrario, que se vaya la ingente masa de cubanos sin formación, estudios o futuro que ha quedado desempleada, contestaria, apática o sin encaje profesional en el neo-capitalismo-de-Estado-reformista-raulista, a los que seguramente no les pondrán más limitantes para otorgarles un pasaporte ni tampoco requisitos para salir del país.

El único escollo para “descongestionar” la olla de presión del descontento social imperante en la Isla y el futuro incierto de la juventud, esto es, la enorme cantidad de personas que no hallan encaje en la calificación de cubanos para quedarse o no irse, es que los “liberados”, a los que sí se refiere éste Decreto-Ley, obtengan una visa para un sueño.

En fin de cuentas, de las dictaduras no vienen las libertades ni los derechos, y este Decreto-Ley no puede ni podría ser la excepción.